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La privatización del hábitat está a menudo ligada a un tema mas amplio cual  es la Globalización Económica Neo-Liberal;  Como parte de la descentralización de los gobiernos nacionales, una vez que los programas de vivienda, provistos públicamente, han sido vendidos o transferidos a entidades privadas, la competencia en el mercado privado no siempre proporciona un ambiente mas eficiente o justo para ejercer el derecho de las personas a la vivienda; De hecho, la privatización del hábitat crea una mayor inestabilidad para los ciudadanos de bajos ingresos –en especial aquellos que viven en áreas que son rápidamente urbanizadas;  Como consecuencia, los gobiernos se enfrentan al a menudo insalvable  problema de proveer los servicios suficientes para que no se produzcan violaciones a los derechos humanos básicos.  Este negativo ambiente habitacional afecta a la sociedad en general, haciendo menos alcanzables mejores y permanentes condiciones de vida.

Pérdida de los Gobiernos

La privatización de las viviendas sociales por parte de los gobiernos,  crea graves problemas de vivienda;  Los procesos de globalización y las prácticas de la economía neo-liberal hacen aun más difícil la ya desafiante lucha por el derecho a la vivienda que millones de inquilinos de bajos ingresos sostienen diariamente. Al traspasar la administración de las viviendas económicas al sector privado, los gobiernos pierden influencia en el mercado habitacional y también pierden la capacidad de proveer viviendas. En general, al permitir la privatización del hábitat, los estados pierden la capacidad de asegurar a sus ciudadanos los derechos humanos básicos.

Los Derechos Humanos son Amenazados

La urbanización es una parte poderosa e inevitable de un mundo globalizado con millones de ciudadanos de áreas urbanas que luchan constantemente por un lugar para vivir dignamente. Entre el movimiento de personas a la ciudad, el derecho a la vivienda gana importancia ante un mercado habitacional privado que hace cada vez mas difícil el ejercicio de los derechos que, supuestamente, el estado debe garantizar a sus ciudadanos.  Como parte del ICESCR (sigla en ingles del Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales), los gobiernos se comprometen a asegurar a cada ciudadano  ciertos derechos fundamentales.

Sin embargo, la privatización de la vivienda amenaza el derecho de los individuos a:

• Condiciones de vida dignas
• Oportunidades de empleo
• Vivienda adecuada
• Mejoramiento sostenido de las condiciones de vida
• Seguridad social (ICESCR 1976, Articulo 11.1)

Como resultado de todas estas tendencias, el costo en segregaciones y estratificaciones sociales que las prácticas de la privatización neo-liberal implica, debe ser resuelto a través de campañas integrales, innovadoras y centradas en las personas.

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